Devoluciones tributarias en Ecuador: análisis jurídico, demoras operativas y política tributaria

 

Devoluciones tributarias en Ecuador: análisis jurídico, demoras operativas y política tributaria

1.     Introducción:

En el sistema tributario ecuatoriano, el Servicio de Rentas Internas (SRI) es el organismo encargado de la administración, recaudación y control de los tributos centrales[1]. No obstante, con cierta frecuencia, los contribuyentes realizan pagos indebidos o en exceso, lo que puede generar fricciones entre el Estado y el ciudadano; no obstante, la devolución de los montos indebidamente pagados es un derecho exigible del contribuyente. Estas inconsistencias pueden deberse a fallas en la interpretación de la normativa jurídica, duplicación de registros, o exigencias administrativas confusas[2].

Entre enero y julio de 2025, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) desembolsó USD 265 millones en devoluciones tributarias, de los cuales USD 177 millones correspondieron al impuesto al valor agregado (IVA) para adultos mayores, y personas con discapacidad[3]. Pese a este monto, existen reportes de demoras de hasta seis meses en la resolución de solicitudes[4].

Este blog analiza los aspectos jurídicos, políticos, e internacionales de esos pagos, y propone mecanismos para garantizar devoluciones más ágiles, y transparentes.

2.      Definición de pago indebido y pago en exceso:

El pago indebido ocurre cuando el contribuyente abona un monto sin que exista una obligación tributaria legal que lo sustente.

El pago en exceso se produce al cancelar más de lo que corresponde, ya sea por errores en la cuantificación, duplicidad de pagos, o aplicación incorrecta de las disposiciones jurídicas tributarias.

Ambas figuras están reguladas en el Código Tributario (C. Trib., 2005), específicamente en los artículos 122 y 123, que reconocen el derecho a la devolución de los montos pagados erróneamente.

La correcta identificación de estos casos es el primer paso para activar el procedimiento de reintegro de valores.

3.      Implicaciones jurídicas:

El principio de legalidad consagrado en el artículo 300 de la Constitución de la República del Ecuador (CRE, 2008), en concordancia con el artículo 1 del (C. Trib., 2005), exige que toda recaudación respete la ley, y el debido proceso.

Cuando el (SRI) retiene indebidamente fondos, se vulneran derechos fundamentales como la propiedad (artículo 66 número 26 (CRE, 2008)), y la seguridad jurídica (artículo 82 (CRE, 2008)).

La falta de devolución también puede implicar responsabilidad patrimonial del Estado, obligando al resarcimiento de daños, que no solo se lo modula el daño al calcular intereses a favor del sujeto pasivo, sino que también da lugar a la interposición de acciones constitucionales, como la de protección[5].

En la práctica, los plazos dilatados y la complejidad procedimental obstaculizan este remedio[6].

4.      Problemas de la no devolución:

4.1. Demoras excesivas

Ciudadanos y empresas informan retrasos de cinco a seis meses, pese a que la ley fija 60 días hábiles para devoluciones de IVA a adultos mayores, 90 días para personas con discapacidad, y 120 días para devoluciones de impuesto a la renta (IR)[7].

El (SRI) señala que estos retrasos obedecen al refuerzo de controles y validaciones tras detectar redes de fraude y vacíos en procesos anteriores. Estas medidas buscan garantizar que los beneficios tributarios lleguen únicamente a quienes cumplen con los requisitos legales.

4.2. Justificación del refuerzo de controles por parte del (SRI)

El (SRI) ha intensificado sus mecanismos de control como respuesta a la proliferación de esquemas fraudulentos que afectaban la integridad del sistema tributario. Estas redes de fraude, en muchos casos, operaban mediante la presentación de solicitudes de devolución con documentación falsa, manipulación de datos contables o simulación de operaciones comerciales inexistentes.

La implementación de validaciones más rigurosas tiene como objetivo proteger los recursos públicos y asegurar que los beneficios tributarios lleguen exclusivamente a los contribuyentes que cumplen con los requisitos legales.

Entre las medidas adoptadas se incluyen: la verificación cruzada de datos con otras entidades del Estado, el uso de algoritmos de detección de riesgo, y la revisión manual de casos con montos elevados o patrones sospechosos[8a].

Si bien estas acciones han contribuido a reducir el número de devoluciones indebidas, también han ocasionado un incremento en los tiempos de procesamiento de las peticiones, lo que ha sido motivo de preocupación entre los contribuyentes legítimos.

El (SRI) ha señalado que se encuentra trabajando en el desarrollo de protocolos más eficientes que permitan mantener el control sin afectar la celeridad de los trámites[8b].

Si una solicitud presenta inconsistencias documentales o indicios de manipulación de datos, el (SRI) puede suspenderla o rechazarla hasta verificar su procedencia, lo cual puede traducirse en demoras que los contribuyentes han reportado de hasta seis meses en algunos casos[9].

El (SRI) advierte además que: la simulación, el ocultamiento o la falsedad para obtener devoluciones indebidas configura el delito de defraudación tributaria, penado con 5 a 7 años de prisión según el artículo 298 (COIP, 2014).

En casos de rechazo o falta de devolución, el contribuyente puede presentar un “reclamo de pago indebido” a través del trámite dispuesto en el portal del SRI, que está sustentado en el artículo 306 (C. Trib., 2005). No obstante, la necesidad de erogar recursos para contratar asesoría legal y asumir costos de gestión constituye una barrera significativa al acceso efectivo en vía administrativa, pues la magnitud de los montos en disputa, y la capacidad financiera del sujeto pasivo determinan que muchos contribuyentes desistan, o se vean impedidos de tramitarlo en condiciones de igualdad.

4.3. Fragmentación institucional y operativa[10a]

La falta de interoperabilidad entre los sistemas informáticos del (SRI), el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y otras entidades gubernamentales han generado duplicidad de trámites, inconsistencias en la validación de datos, y demoras en la resolución de solicitudes.

La ausencia de un protocolo unificado[10b] para la devolución de impuestos impide que los funcionarios apliquen criterios homogéneos, lo que deriva en respuestas contradictorias, y procesos redundantes.

La fragmentación también se refleja en la multiplicidad de: canales de atención, formularios y requisitos, que varían según el tipo de contribuyente y el impuesto solicitado, dificultando la trazabilidad y el seguimiento de casos.

4.4. Falta de plazos específicos

El (MEF) no ha definido nuevos plazos ni mecanismos para procesar el backlog generado, ocasionando incertidumbre sobre la fecha de pago de solicitudes pendientes[11].

4.5. Inconsistencia de criterios

La estandarización de filtros en respuesta a fraudes fiscales no ha venido acompañada de protocolos visibles, lo que provoca trato desigual entre contribuyentes legítimos, y casos sospechosos[12].

5.      Perspectiva política y fiscal:

Desde el punto de vista político, la retención implícita de fondos por pagos indebidos equivale a un financiamiento no consensuado del Estado[13].

El desembolso de USD 265 millones muestra un esfuerzo presupuestario, pero la ausencia de plazos claros, y la acumulación de solicitudes minan la confianza ciudadana en la gestión tributaria[14].

La falta de transparencia sobre la evolución del backlog distorsiona la planificación del gasto, y genera críticas al liderazgo del (SRI), y del (MEF)[15].

Una política tributaria eficaz debe equilibrar el control tributario frente al fraude fiscal con la devolución oportuna de los impuestos para preservar legitimidad, y liquidez en el sector privado[16].

6.      Contexto internacional de demoras en devoluciones fiscales:

En diversos países los contribuyentes enfrentan retrasos y trabas procedimentales semejantes a los de Ecuador, especialmente en la devolución de impuestos como el (IVA) o el (IR)[17].

6.1. Principales países y sus desafíos

• Brasil: El Receita Federal (RF) aplica controles exhaustivos para evitar fraudes en créditos de (IVA), lo que extiende los plazos de devolución hasta 9 meses en casos complejos[18].
• México: El Servicio de Administración Tributaria (SAT) retiene devoluciones de (IVA) al filtrar solicitudes con nuevos “filtros de riesgo”, ocasionando retrasos de 6 a 12 meses para contribuyentes con montos elevados[19].
• Argentina: La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) centraliza la revisión de solicitudes de devolución de (IVA), y retiene fondos ante sospechas de inconsistencias, ocasionando backlogs que superan los 300 días hábiles[20].
• Colombia: La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) registra plazos efectivos de hasta 180 días para devoluciones de impuesto sobre la renta, atribuibles a validaciones manuales, y falta de un sistema de seguimiento en línea[21].
• Perú: La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) implementó validaciones cruzadas de datos que multiplicaron las exigencias documentales, generando demoras de 4 a 8 meses para contribuyentes medianos[22].
• España: La Agencia Tributaria (AT) extiende el tiempo de comprobación de solicitudes de (IVA) desde los 6 meses legales hasta 9 meses promedio, especialmente en grandes volúmenes y devoluciones sucesivas[23].
• Chile: El Servicio de Impuestos Internos (SII) demora hasta 150 días la devolución de créditos de (IVA) en sectores con alta incidencia de fraudes fiscales, como: comercio electrónico, y minería[24].
• Costa Rica: La Dirección General de Tributación (DGT) crea ciclos adicionales de revisión de retenciones en la fuente, lo que implica un alargamiento de plazos de devolución de impuestos de renta de hasta 8 meses[25].

6.2. Lecciones de la experiencia internacional

• Armonizar criterios de riesgo: Muchos países han introducido filtros de riesgo sin transparentar sus protocolos, ocasionando demoras innecesarias[26].
• Transparencia y seguimiento: Portales en tiempo real con indicadores de gestión han sido claves para reducir incertidumbre en México y Colombia[27].
• Plazos perentorios y sanciones: La previsión de intereses y sanciones por incumplimiento de plazos ha acelerado devoluciones en España y Brasil[28].
• Canales prioritarios: Algunos sistemas reservan líneas exprés para (PYME’s) o sectores vulnerables, mejorando significativamente su liquidez[29].

6.3. Propuestas de mejora

• Establecer plazos máximos diferenciados para el despacho de solicitudes atrasadas, con indicadores de gestión pública[30].
• Publicar un reporte semanal del estado del backlog y tiempos promedio de resolución por tipo de contribuyente[31].
• Crear un canal expedito para sectores vulnerables (adultos mayores, personas con discapacidad) que garantice atención en plazos legales, sin dilaciones[32].
• Desarrollar un manual de criterios de validación transparente para consultas públicas y capacitación continua del personal del (SRI)[33].
• Implementar sanciones administrativas por incumplimiento de plazos, acompañadas de mecanismos de compensación de intereses moratorios[34].

Lo antes señalado se resume en la Tabla 1.

Tabla 1

Problemas y propuestas

Problemas	Consecuencias	Propuesta de mejoras
Demoras de hasta seis meses	Afecta liquidez de contribuyentes y PYMEs	Plazos máximos para backlog; reporte semanal de estado
Burocracia reforzada	Retrasos por validaciones tras fraudes	Manual público de criterios de validación; capacitación del personal
Falta de plazos claros	Incertidumbre y quejas ciudadanas	Definición de plazos específicos con sanciones por incumplimiento
Trato desigual	Percepción de arbitrariedad en devoluciones	Canal expedito para grupos vulnerables; gestión prioritaria y seguimiento dedicado

 7.      Conclusión:

Garantizar la devolución rápida y justa de pagos indebidos o en exceso fortalece la confianza en el (SRI), y defiende derechos fundamentales[35].

La modernización de procesos, la transparencia en el manejo del backlog, y la estandarización de criterios son pilares de una política tributaria responsable[36].

Al implementar plazos claros, reportes públicos y atención prioritaria, el Estado no solo respeta la legalidad, sino que promueve un ambiente de colaboración con los contribuyentes[37].

Fomentar la equidad y la eficiencia reforzará la legitimidad fiscal y conducirá a una administración tributaria más sólida[38].

¿Está el sistema tributario ecuatoriano preparado para garantizar devoluciones ágiles sin comprometer el control fiscal?

Para hacer uso de este contenido cite la fuente y haga un enlace a la nota original en Tribuna Académica de Derecho y Política:

https://tribunaderechopolitica.blogspot.com/2025/08/devoluciones-tributarias-en-ecuador.html

Referencias bibliográficas:

Asamblea Nacional Constituyente. (2008). Constitución de la República del Ecuador. Registro Oficial No. 449, 20 de octubre de 2008.

Bravo Chica, M. S. (2015). Acción de protección: aplicación y eficacia. Monografía de grado, Universidad de Cuenca.

León, M. (2019). Responsabilidad patrimonial del Estado y tutela de derechos fundamentales. Revista de Derecho Público 45: 89–112.

Silva, A. (2018). Intereses moratorios en el Derecho Administrativo ecuatoriano. Quito: Ediciones Jurídicas.

Solórzano-Rodas, S. M.; Narváez-Zurita, C. I.; Trelles-Vicuña, D. F. (2020). Análisis de la acción de protección en la jurisprudencia de la Corte Constitucional del Ecuador. RACJI 5(2): pp. 102–128.

República del Ecuador. (2005). Código Tributario del Ecuador. Registro Oficial Suplemento No. 38, 14 de junio de 2005. Artículos 122, 123 y 306.

República del Ecuador. (2014). Código Orgánico Integral Penal (COIP). Registro Oficial Suplemento No. 253, 31 de octubre de 2014. Artículo 298.

Notas al pie:

[1]: Servicio de Rentas Internas (SRI). "¿Quiénes somos?" https://www.sri.gob.ec/web/guest/quienes-somos

[2]: Observatorio Fiscal Ecuador. "Pagos indebidos y excesivos: causas y consecuencias". https://observatoriofiscal.ec/pagos-indebidos

[3]: Ministerio de Economía y Finanzas. Boletín de ejecución presupuestaria enero-julio 2025. https://www.finanzas.gob.ec/ejecucion-presupuestaria

[4]: Diario El Comercio. "Adultos mayores denuncian demoras en devoluciones tributarias". https://www.elcomercio.com/actualidad/economia/demoras-devoluciones-tributarias-ecuador.html

[5]: Corte Constitucional del Ecuador. Sentencia No. 001-CC-2020.

[6]: Fundación Ciudadanía y Desarrollo. "Trámites tributarios y derechos ciudadanos". https://www.ciudadaniaydesarrollo.org/tributos-derechos

[7]: Resolución No. NAC-DGERCGC20-00000012 del SRI.

[8a]: SRI. "Plan de control tributario 2025". https://www.sri.gob.ec/plan-control-2025

[8b]: SRI. "Modernización de procesos de devolución". https://www.sri.gob.ec/modernizacion-devoluciones

[9]: Diario Expreso. "Solicitudes de devolución suspendidas por inconsistencias". https://www.expreso.ec/actualidad/economia/devoluciones-sri-demoras

[10a]: Fundación Esquel. "Interoperabilidad institucional en el sector público". https://www.esquel.org.ec/interoperabilidad

[10b]: Un protocolo unificado estandariza criterios y procesos entre todas las entidades involucradas, reduciendo duplicidades, homogenizando requisitos y mejorando la eficiencia operativa.

[11]: Ministerio de Economía y Finanzas. "Gestión de solicitudes tributarias". https://www.finanzas.gob.ec/gestion-solicitudes

[12]: En el contexto tributario ecuatoriano, los filtros de riesgo se aplican para detectar patrones sospechosos en las solicitudes de devolución, como: inconsistencias contables, operaciones simuladas o documentación alterada. Sin embargo, la falta de un protocolo público que defina los criterios específicos de validación ha generado incertidumbre entre los contribuyentes. Esta opacidad puede derivar en decisiones discrecionales, donde solicitudes legítimas son tratadas con el mismo rigor que aquellas con indicios de fraude, afectando la equidad del sistema y la confianza en la administración tributaria.

[13]: Observatorio de Política Fiscal. "Retención de fondos y legitimidad tributaria". https://politicafiscal.org/retencion-fondos

[14]: Diario La Hora. "Confianza ciudadana en la gestión tributaria". https://www.lahora.com.ec/economia/confianza-sri

[15]: Diario El Universo. "Críticas al liderazgo tributario". https://www.eluniverso.com/noticias/economia/criticas-sri-mef

[16]: Banco Interamericano de Desarrollo (BID). "Política tributaria y desarrollo". https://www.iadb.org/es/politica-tributaria

[17]: OCDE. "Estudio comparativo sobre devoluciones fiscales". https://www.oecd.org/tax/refunds-study

[18]: Receita Federal do Brasil. "Devolução de créditos de IVA". https://www.gov.br/receitafederal/pt-br

[19]: Servicio de Administración Tributaria (SAT) de México. "Filtros de riesgo en devoluciones". https://www.sat.gob.mx

[20]: Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) de Argentina. "Gestión de devoluciones". https://www.afip.gob.ar

[21]: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) de Colombia. "Seguimiento de solicitudes tributarias". https://www.dian.gov.co

[22]: Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) de Perú. "Validaciones cruzadas". https://www.sunat.gob.pe

[23]: Agencia Tributaria de España. "Plazos de devolución de IVA". https://www.agenciatributaria.es

[24]: Servicio de Impuestos Internos (SII) de Chile. "Demoras en devoluciones". https://www.sii.cl

[25]: Dirección General de Tributación de Costa Rica. "Revisión de retenciones". https://www.hacienda.go.cr

[26]: OCDE. "Protocolos de riesgo tributario". https://www.oecd.org/tax/risk-protocols

[27]: BID. "Indicadores de gestión tributaria". https://www.iadb.org/es/gestion-tributaria

[28]: Banco Mundial. "Sanciones por incumplimiento tributario". https://www.worldbank.org/es/tax-compliance

[29]: CEPAL. "Canales prioritarios para PYME’s". https://www.cepal.org/es/pymes-tributacion

[30]: Ministerio de Economía y Finanzas. "Indicadores de gestión pública". https://www.finanzas.gob.ec/indicadores

[31]: SRI. "Reporte semanal de devoluciones". https://www.sri.gob.ec/reporte-semanal

[32]: SRI. "Canal expedito para sectores vulnerables". https://www.sri.gob.ec/canal-expedito

[33]: SRI. "Manual de criterios de validación". https://www.sri.gob.ec/manual-validacion

[34]: Asamblea Nacional del Ecuador. "Sanciones administrativas tributarias". https://www.asambleanacional.gob.ec

[35]: Corte Constitucional del Ecuador. "Derechos fundamentales y devoluciones". https://www.corteconstitucional.gob.ec

[36]: Observatorio Fiscal Ecuador. "Modernización tributaria". https://observatoriofiscal.ec/modernizacion

[37]: Fundación Ciudadanía y Desarrollo. "Colaboración Estado-contribuyente". https://www.ciudadaniaydesarrollo.org/colaboracion

[38]: BID. "Legitimidad fiscal y eficiencia administrativa". https://www.iadb.org/es/legitimidad-fiscal

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