La encrucijada política de la ciudad Quito: ¿hacia dónde se dirige la ciudad?

 

La encrucijada política de la ciudad Quito: ¿hacia dónde se dirige la ciudad?

1.     1. Introducción:

La gobernanza local no solo representa un mecanismo de gestión democrática, sino que también posee una dimensión jurídica fundamental. En el marco constitucional ecuatoriano, los gobiernos autónomos descentralizados (GAD’s) tienen competencias exclusivas en: planificación, ordenamiento territorial, prestación de servicios públicos y participación ciudadana, conforme a la Constitución de la República del Ecuador (CRE, 2008) y al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD, 2010). Esta base legal, otorga legitimidad a las decisiones locales y exige que las autoridades actúen conforme a principios de legalidad, transparencia y rendición de cuentas. La gobernanza local, por tanto, se convierte en un instrumento jurídico clave para garantizar derechos colectivos, fortalecer el Estado de derecho y promover una democracia participativa desde el territorio.

Quito, capital de Ecuador se prepara para las próximas elecciones seccionales a llevarse a cabo en febrero de 2027, un proceso democrático que definirá el rumbo político de la ciudad para los siguientes cuatro años. En este contexto, la ciudadanía tendrá la oportunidad de elegir a sus nuevas autoridades locales, incluyendo: al alcalde, concejales, representantes parroquiales[1]. Este escenario electoral plantea desafíos y oportunidades para repensar el modelo de gestión urbana y fortalecer la participación ciudadana.

La ciudad se encuentra en un momento crucial de su desarrollo político y urbano. En medio de desafíos estructurales, sociales y económicos, la visión de los candidatos a la alcaldía debe trascender las promesas coyunturales y enfocarse en una planificación estratégica que responda a las necesidades reales de la ciudadanía.

2.    2. Contexto político actual:

La capital ha experimentado una fragmentación política significativa[2] en los últimos años, con dos alcaldes que han enfrentado procesos judiciales, destituciones y una falta de continuidad en la gestión pública y una crisis institucional persistente. Esta inestabilidad ha generado una percepción de desconfianza en las instituciones locales y ha dificultado la ejecución de proyectos a largo plazo (Paredes, 2022).

A esta crisis institucional se suma la ausencia de liderazgos políticos sólidos y representativos. En la ciudad de Quito, los partidos tradicionales —como Alianza PAIS (AP) y el Partido Social Cristiano (PSC)— han perdido capacidad de convocatoria, mientras que los nuevos movimientos ciudadanos —como Quito Unido (QU) o Acción Metropolitana (AM)— no han logrado consolidar figuras con legitimidad y trayectoria. Los primeros suelen tener estructuras jerárquicas y vínculos con organizaciones nacionales, mientras que los segundos se caracterizan por su enfoque local y horizontal, aunque con menor capacidad organizativa. Esta carencia de referentes políticos ha generado un vacío de representación, debilitando el vínculo entre la ciudadanía y sus autoridades. La falta de liderazgos con visión estratégica[3] y compromiso territorial[4] limita la posibilidad de construir consensos duraderos y de impulsar políticas públicas que respondan a las necesidades locales.

3.     3. Retos estructurales:

La ciudad de Quito enfrenta una serie de problemas apremiantes que requieren atención urgente y soluciones integrales. Estos desafíos no solo afectan la calidad de vida de sus habitantes[5], sino que también limitan el desarrollo sostenible del territorio y vulneran el cumplimiento de derechos fundamentales reconocidos en la (CRE, 2008) como: el derecho a la vivienda, a la salud, a la seguridad y a la movilidad. Entre los principales retos se encuentran:

• Un sistema de transporte público saturado, con escasa conectividad entre zonas urbanas y rurales, que obstaculiza el ejercicio del derecho a la movilidad (art. 66, núm. 27 (CRE, 2008)) y limita el acceso equitativo a servicios básicos.

• La expansión urbana descontrolada, que ha generado asentamientos informales y presión sobre los servicios básicos, afectando el derecho a una vivienda digna (art. 30 (CRE, 2008)) y al hábitat seguro, conforme al (COOTAD, 2010).

• El incremento de la inseguridad, especialmente en sectores periféricos, que vulnera el derecho a la integridad personal y a vivir en un entorno seguro (art. 66, núm. 3 (CRE, 2008)), y exige políticas públicas coordinadas entre el gobierno local y nacional.

• La degradación ambiental, producto de la falta de políticas efectivas en gestión de residuos, protección de áreas verdes y adaptación al cambio climático, que compromete el derecho a vivir en un ambiente sano (art. 14 (CRE, 2008)) y la obligación municipal de aplicar el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT).

3.1.          ¿Qué visión deberían tener los candidatos?

Los candidatos a la alcaldía deben construir una visión transformadora que articule lo urbano con lo social, lo económico con lo ambiental, y lo local con lo global. Esta visión debe estar sustentada en principios de equidad, sostenibilidad y gobernanza democrática. Para ello, es fundamental que sus propuestas incluyan:

• Un modelo de ciudad policéntrica[6] que promueva el desarrollo equilibrado de todas las parroquias.
• Políticas de movilidad integradas, que prioricen el transporte público eficiente, la infraestructura peatonal y ciclista, y la intermodalidad[7].
• Estrategias de seguridad ciudadana con enfoque preventivo, comunitario y tecnológico.
• Planificación urbana participativa, que incorpore la voz de la ciudadanía y garantice la resiliencia frente a riesgos ambientales.

4.     4. Participación ciudadana y transparencia:

La recuperación de la confianza en la gestión municipal pasa por garantizar mecanismos de participación ciudadana reales y transparentes[8]. Existen distintos tipos de participación ciudadana:

• Consultiva: La ciudadanía opina, pero sus aportes no son obligatorios para la autoridad. Ej.: encuestas, foros abiertos.
• Vinculante: Las decisiones ciudadanas tienen efecto jurídico directo. Ej.: presupuestos participativos, silla vacía.
• Deliberativa: Espacios de diálogo estructurado donde se construyen propuestas colectivas. Ej.: cabildos barriales, mesas temáticas.

Esta clasificación permite evaluar la profundidad democrática de los mecanismos implementados.

Según el visualizador de percepción ciudadana de Quito Cómo Vamos (2024), solo el 24% de los quiteños considera que sus opiniones son tomadas en cuenta por el municipio, lo que representa una disminución respecto al 27% reportado en 2023. Además, el número de participantes en mecanismos de participación ciudadana aumentó un 13,9% entre 2022 y 2023, alcanzando 42.150 personas, aunque la aprobación de solicitudes de silla vacía cayó del 96% al 62% en el mismo periodo.

La transparencia en la gestión pública no es solo un principio ético, sino una obligación jurídica establecida en el artículo 227 (CRE, 2008), que exige que toda función pública se rija por los principios de eficiencia, eficacia, calidad, jerarquía, coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación. Además, el artículo 5 letra k) de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LOTAIP, 2023) garantiza el derecho ciudadano a conocer, fiscalizar y exigir rendición de cuentas. Su incumplimiento puede generar responsabilidad administrativa, civil o penal.

Los candidatos deben fortalecer los cabildos barriales, implementar presupuestos participativos y garantizar el acceso a la información pública.

5.   5. Seguridad ciudadana: una prioridad urgente:

Según datos del Observatorio Metropolitano de Seguridad Ciudadana, los delitos contra la propiedad[9] aumentaron un 18% en 2023 en comparación con el año anterior, especialmente en las zonas periféricas de la ciudad (OMSQ, 2023). Para evaluar la efectividad de las estrategias de seguridad ciudadana, se recomienda el uso de indicadores específicos como:

• Tasa de delitos por tipo y por zona geográfica.
• Índice de percepción de seguridad ciudadana.
• Tiempo promedio de respuesta ante emergencias.
• Número de patrullajes comunitarios realizados.
• Porcentaje de resolución de casos delictivos.
• Nivel de participación ciudadana en programas de prevención.

Desde el punto de vista jurídico, es fundamental considerar el Código Orgánico Integral Penal (COIP, 2014), que establece los tipos penales, procedimientos y competencias en materia de seguridad. Asimismo, resulta necesario fortalecer la articulación entre instituciones encargadas de la seguridad mediante políticas públicas y mecanismos de coordinación interinstitucional, en concordancia con el marco legal vigente.

Para fortalecer la cooperación interinstitucional entre el Municipio y la Policía Nacional, se recomienda:

• Firmar convenios de cooperación técnica y operativa que definan responsabilidades claras.
• Establecer comités interinstitucionales de seguridad con participación ciudadana.
• Compartir bases de datos y sistemas de información georreferenciada.
• Coordinar planes de capacitación conjunta en prevención del delito.
• Promover reformas normativas que faciliten la acción conjunta en zonas de alta conflictividad.

Los candidatos deben considerar estrategias integrales que incluyan patrullajes comunitarios, inversión en tecnología de vigilancia y programas de prevención con enfoque social.

6.    6. Movilidad: hacia un sistema eficiente y equitativo:

El sistema de transporte público de Quito moviliza diariamente a más de 1.2 millones de personas, pero enfrenta problemas de saturación y falta de conectividad (Secretaría de Movilidad, 2023).

La intermodalidad ha demostrado ser una estrategia efectiva en ciudades como Medellín, Bogotá y Curitiba. En Medellín, la integración del metro con teleféricos y buses ha reducido los tiempos de desplazamiento en un 30% en zonas periféricas (Alcaldía de Medellín, 2022). En Bogotá, el sistema TransMilenio combinado con ciclorrutas ha mejorado la cobertura del transporte público en un 25% (IDU, 2021). Curitiba, pionera en planificación intermodal, ha mantenido una eficiencia del 90% en su red de transporte desde la década de 1990 (Prefeitura de Curitiba, 2020).

En el caso de Quito, la intermodalidad debe articular el Metro, los buses convencionales, rutas alimentadoras, ciclovías y servicios de transporte rural. Para lograrlo, es necesario revisar y fortalecer las regulaciones locales, en especial la Ordenanza Metropolitana No. 0172 sobre el Sistema Integrado de Transporte Público, que, junto con sus reformas, establece principios de eficiencia, accesibilidad y sostenibilidad para el sistema de movilidad de la ciudad.

Se recomienda:

• Actualizar la normativa para incluir incentivos a operadores que promuevan la intermodalidad.
• Establecer tarifas integradas entre modos de transporte.
• Implementar sistemas de pago unificado.
• Fortalecer la fiscalización del cumplimiento de frecuencias y rutas.
• Promover campañas de educación ciudadana sobre uso del transporte público.

Los candidatos deben priorizar la intermodalidad, la ampliación de rutas alimentadoras y la promoción de medios alternativos como la bicicleta.

7.     7. Conclusión:

Quito se encuentra en una encrucijada histórica que exige liderazgo visionario, planificación técnica y compromiso ciudadano. Las elecciones de 2027 representan una oportunidad para redefinir el modelo de ciudad, superar la fragmentación institucional y construir una gobernanza inclusiva y resiliente. Para ello, se requiere reformar el (COOTAD, 2010) para fortalecer la autonomía municipal, establecer mecanismos vinculantes de participación ciudadana, implementar sistemas de evaluación institucional con auditorías ciudadanas, formar liderazgos locales con enfoque territorial y consolidar una agenda metropolitana que articule a Quito con sus cantones vecinos. Estas acciones jurídicas y políticas buscan garantizar derechos colectivos, fortalecer el Estado de derecho desde lo local y consolidar una democracia participativa

En este contexto, surgen preguntas clave para el debate académico:

¿Qué mecanismos jurídicos pueden garantizar la continuidad de políticas públicas más allá de los ciclos electorales?

¿Cómo articular la participación ciudadana con la planificación técnica sin generar conflictos de competencias?

¿Qué modelo de gobernanza metropolitana es más adecuado para Quito en el contexto actual?

¿Cómo evaluar la legitimidad de los nuevos movimientos ciudadanos frente a los partidos tradicionales?

¿Qué rol debe jugar la academia en la construcción de propuestas de política pública local?

¿Estarán los candidatos a la altura del desafío que demanda la capital del Ecuador?

Para hacer uso de este contenido cite la fuente y haga un enlace a la nota original en Tribuna Académica de Derecho y Política:

https://tribunaderechopolitica.blogspot.com/2025/09/la-encrucijada-politica-de-la-ciudad.html

Referencias bibliográficas

Alcaldía de Medellín. (2022). Informe de gestión del sistema de transporte intermodal. https://www.medellin.gov.co

Asamblea Nacional del Ecuador. (2008). Constitución de la República del Ecuador. Registro Oficial No. 449, 20 de octubre de 2008.

Asamblea Nacional del Ecuador. (2010). Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización. Registro Oficial Suplemento No. 303, 19 de octubre de 2010.

Asamblea Nacional del Ecuador. (2014). Código Orgánico Integral Penal (COIP). Registro Oficial Suplemento 180.

Asamblea Nacional del Ecuador. (2023). Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Segundo Suplemento del Registro Oficial No. 245, 07 de febrero 2023.

Banco Interamericano de Desarrollo (BID). (2019). Informe sobre movilidad urbana sostenible en América Latina. https://publications.iadb.org

Cevallos, M., & Martínez, J. (2021). Gobernanza local y participación ciudadana en Quito. Revista de Estudios Urbanos, 15(2), 45-62.

Instituto de Desarrollo Urbano (IDU). (2021). Evaluación del sistema TransMilenio y su integración con ciclorrutas. https://www.idu.gov.co

MBGS. (s.f.). ¿Qué se entiende por intermodalidad? MBGS. https://www.mbgs.es/que-entiende-por-intermodalidad/

Municipio del Distrito Metropolitano de Quito. (2019). Ordenanza Metropolitana No. 0172 sobre el Sistema Integrado de Transporte Público. Registro Oficial Suplemento No. 45.

ONU-Hábitat. (2020). Ciudades y movilidad: hacia un desarrollo urbano sostenible. https://unhabitat.org

Paredes, L. (2022). Crisis institucional y gestión municipal en Ecuador. FLACSO Ecuador.

Prefeitura de Curitiba. (2020). Relatório de eficiência do transporte público intermodal. https://www.curitiba.pr.gov.br

Quito Cómo Vamos. (2024). Visualizador de Percepción Ciudadana. https://datos.quitocomovamos.org/index.html

Secretaría de Movilidad del Municipio de Quito. (2023). Diagnóstico del sistema de transporte público de Quito. https://www.quito.gob.ec

Secretaría de Planificación del Municipio de Quito. (2023). Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 2023-2027. https://www.quito.gob.ec

Universidad Andina Simón Bolívar UASB. (2023). Encuesta de percepción ciudadana sobre participación política. UASB Ecuador.

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[1] Simultáneamente, los votantes de toda la provincia de Pichincha —incluyendo Quito— eligen al prefecto y viceprefecto, quienes dirigen el gobierno provincial con competencias distintas a las municipales, enfocadas en vialidad rural, desarrollo agropecuario y gestión ambiental (Consejo Nacional Electoral, 2023).

[2] Se refiere a la proliferación de actores, partidos y movimientos sin una articulación clara ni continuidad institucional. Esta dispersión ha debilitado la gobernabilidad local, dificultado la construcción de consensos y generado una desconexión entre las autoridades y la ciudadanía. La falta de liderazgos sólidos y representativos ha contribuido a una crisis de confianza en el sistema político municipal.

[3] Implica la capacidad de formular y ejecutar planes de desarrollo urbano con enfoque a largo plazo, articulando objetivos sociales, económicos y ambientales. Esta visión requiere un conocimiento profundo del territorio, habilidades de gestión pública y voluntad política para coordinar actores diversos. En Quito, la ausencia de esta perspectiva ha derivado en políticas fragmentadas, improvisación en la toma de decisiones y una limitada capacidad de respuesta ante los desafíos estructurales de la ciudad.

[4] Se refiere a la capacidad de los actores públicos para vincularse activamente con los distintos sectores de la ciudad, reconociendo sus particularidades geográficas, sociales y culturales. Este compromiso implica presencia institucional en los barrios, diálogo permanente con las comunidades y una gestión que responda a las realidades locales. Su ausencia ha contribuido a la desconexión entre el gobierno municipal y las necesidades concretas de la ciudadanía.

[5] Comprende un conjunto de condiciones materiales y simbólicas que inciden en su bienestar cotidiano. Incluye el acceso a: servicios básicos (agua, salud, educación, transporte, conectividad), seguridad ciudadana, oportunidades laborales, vivienda digna, espacios públicos adecuados, así como: la posibilidad de participar activamente en la vida comunitaria y política. También considera factores ambientales, culturales y afectivos que contribuyen a una vida plena y con sentido en el entorno urbano.

[6] Que promueva el desarrollo equilibrado de todas las parroquias, evitando la concentración de servicios y oportunidades en el hipercentro. Según estudios de ONU-Hábitat (2020) y el BID (2019), las ciudades policéntricas favorecen la descongestión urbana, reducen tiempos de desplazamiento y fortalecen la cohesión territorial. En el caso de Quito, este enfoque permitiría articular centralidades secundarias con infraestructura adecuada, servicios públicos eficientes y conectividad intermodal, conforme al Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT) y al principio de equidad territorial establecido en el (art. 6 letra f) (COOTAD, 2010)).

[7] En el contexto urbano, intermodalidad describe la integración de diferentes modos de transporte —como metro, buses, bicicletas y caminatas— dentro de una misma red, permitiendo que los usuarios se desplacen de forma eficiente, continua y sostenible. Es clave para mejorar la movilidad en ciudades como Quito, donde se busca conectar el Metro con rutas alimentadoras, ciclovías y transporte público convencional.

[8] Son aquellos que permiten a la población incidir efectivamente en la toma de decisiones públicas, más allá de consultas simbólicas o procesos informales. Incluyen herramientas como: presupuestos participativos, cabildos barriales vinculantes, observatorios ciudadanos, y plataformas digitales de deliberación. Su transparencia se garantiza mediante reglas claras, acceso a la información, trazabilidad de los aportes ciudadanos y rendición de cuentas institucional.

[9] Comprenden infracciones penales que afectan bienes materiales de las personas, como: hurto, robo, asalto, extorsión y daño a la propiedad. En el contexto urbano de Quito, estos delitos han mostrado un incremento sostenido en zonas periféricas y comerciales, afectando la percepción de seguridad y la convivencia ciudadana.