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Estabilidad laboral en el sector público: análisis jurídico y perspectivas constitucionales
La seguridad en el empleo en el sector público ecuatoriano ha sido objeto de debate jurídico tras la derogación del artículo 89 de la Ley Orgánica del Servicio Público (LOSEP, 2010). Este artículo establecía parámetros claros para la desvinculación de servidores públicos, garantizando un debido proceso y protección legal frente a despidos arbitrarios.
1. 1. Acciones de inconstitucionalidad y su posible resultado:
Diversos actores han planteado acciones de inconstitucionalidad contra normas o prácticas que permiten despidos sin el debido sustento legal, especialmente tras la derogación del artículo 89. El resultado de estas acciones dependerá de la interpretación que la Corte Constitucional (CC) realice sobre los principios de seguridad jurídica, debido proceso y derechos laborales consagrados en la Constitución de la República del Ecuador (CRE, 2008).
Es probable que la (CC), en su análisis, determine que la ausencia de una norma específica no puede justificar la vulneración de derechos fundamentales. En consecuencia, podría declarar la inconstitucionalidad de prácticas que permitan despidos sin motivación suficiente o sin respetar el procedimiento legal, y proponga una regla jurisprudencial de obligatorio cumplimiento a seguir, de conformidad con lo señalado en artículo 436 números 1 y 6 (CRE, 2008); es decir, que genere una garantía mínima de estabilidad laboral en el empleo estatal.
2. Ejemplo de regla jurisprudencial vinculante:
Toda desvinculación de servidores públicos deberá: a) Estar debidamente motivada y sustentada en causales objetivas previstas en la ley, b) Respetar íntegramente el procedimiento administrativo correspondiente, garantizando el derecho a la defensa y la contradicción, y c) Permitir el acceso efectivo a mecanismos judiciales de impugnación.
La omisión de cualquiera de estos elementos constituirá una vulneración al derecho al trabajo, al debido proceso y a la seguridad jurídica, conforme a los artículos 11, 66 y 229 de la (CRE, 2008).
Esta regla será de aplicación inmediata y obligatoria para todas las entidades del sector público, hasta que el legislador expida una norma que la desarrolle, sin perjuicio de la aplicación directa de los derechos constitucionales.
3. 3. El rol del artículo 89 (LOSEP) (derogado):
El referido artículo establecía que los servidores públicos no podían ser desvinculados sin una causa legalmente justificada[1] y sin seguir un procedimiento administrativo. Su derogación ha generado un vacío normativo que pone en riesgo la seguridad en el empleo de miles de funcionarios públicos en el país.
Aunque ha sido derogado, el artículo 89 constituía una garantía esencial frente a decisiones discrecionales de la administración pública, al exigir causales objetivas y procedimientos previos para la desvinculación. Su eliminación ha generado un vacío normativo que ha motivado la interposición de acciones legales orientadas a restablecer un marco jurídico que proteja la estabilidad laboral de los servidores públicos.
4. 4. ¿Puede la (CC) suplir la falta del artículo 89 (LOSEP)?
La (CC) tiene la facultad de emitir reglas jurisprudenciales que interpreten los derechos constitucionales y su aplicación. En este contexto, podría establecer criterios que suplan la falta del artículo 89, basándose en los principios de estabilidad laboral, seguridad jurídica y debido proceso.
Por ejemplo, podría determinar que todo despido en el empleo estatal debe estar debidamente motivado, documentado y sujeto a control judicial, incluso en ausencia de una norma específica. Asimismo, podría exigir que se respeten los derechos adquiridos de los servidores públicos y que se garantice un procedimiento transparente y equitativo.
5. 5. Jurisprudencia comparada sobre estabilidad laboral en el servicio civil:
El estudio del derecho constitucional comparado permite identificar cómo distintas jurisdicciones han salvaguardado la estabilidad en el empleo público, evidenciando principios universales y soluciones ante los desafíos de la función administrativa. En este sentido, analizar los criterios judiciales de diversos países orienta tanto la interpretación constitucional ecuatoriana como la formulación de estándares mínimos para la protección de los funcionarios estatales, tales como:
- En Colombia, la (CC) ha señalado que los servidores públicos de carrera gozan de estabilidad reforzada, y que su desvinculación debe estar debidamente motivada y sujeta a control judicial.
- En Perú, el Tribunal Constitucional (TC) ha reconocido que la estabilidad laboral protege al servidor público frente a decisiones arbitrarias, y ha exigido que los despidos estén sustentados en causales objetivas.
- En España, el (TC) ha interpretado que el principio de mérito y capacidad implica que la desvinculación debe respetar el procedimiento legal y garantizar la defensa del funcionario público.
Si bien estos sistemas comparten la exigencia de causalidad, debido proceso y control judicial, difieren en los mecanismos y grados de protección, dependiendo de la tradición jurídica y los marcos institucionales de cada país. Frente al caso ecuatoriano, se evidencia la urgencia de consolidar parámetros claros tras la derogación del artículo analizado, tomando como referencia las mejores prácticas internacionales para reforzar la seguridad jurídica y la defensa del empleo público.
6. 6. Posibles parámetros constitucionales para evaluar despidos arbitrarios:
La (CC) podría establecer parámetros como:
- Motivación suficiente: Toda desvinculación debe estar sustentada en hechos objetivos y legalmente válidos.
- Procedimiento administrativo: Debe garantizarse el derecho a la defensa, la contradicción y la notificación adecuada.
- Control judicial: El servidor público debe tener acceso a mecanismos judiciales para impugnar la decisión administrativa.
- Proporcionalidad: La sanción o desvinculación debe ser proporcional a la falta cometida, y debe efectuar un proceso administrativo sumario.
- No discriminación: No se puede desvincular a un servidor por razones políticas, ideológicas, de género u otras prohibidas por la (CRE, 2008).
7. 7. Análisis constitucional de la estabilidad laboral en el sector público:
La (CRE, 2008) establece varios artículos que consagran la estabilidad laboral como un derecho fundamental de los servidores públicos, así:
- Artículo 11, número 2: Reconoce la aplicación directa de los derechos constitucionales y establece que ninguna norma jurídica podrá restringirlos. Esto implica que, incluso ante la ausencia de una norma específica como el artículo 89 de la (LOSEP, 2010), los derechos laborales deben ser garantizados.
- Artículo 66, número 17: Reconoce el derecho al trabajo en condiciones dignas, con estabilidad laboral, remuneración justa y respeto a los derechos laborales. Este artículo constituye el fundamento principal para exigir que los servidores públicos no sean desvinculados arbitrariamente.
- Artículo 229: Establece que el ingreso, ascenso, promoción y desvinculación en el sector público deben regirse por los principios de mérito, igualdad, transparencia y legalidad. Este artículo exige que toda desvinculación esté sustentada en causales objetivas y en un procedimiento legal.
- Artículo 326, número 4: Señala que se garantizará la estabilidad en el empleo y que no se podrá despedir a un trabajador sin causa justa y debidamente comprobada. Aunque este artículo se refiere principalmente al sector privado, su aplicación extensiva al sector público refuerza la exigencia de motivación y procedimiento.
Estos artículos configuran un marco constitucional robusto que protege la estabilidad laboral de los servidores públicos, incluso en ausencia de legislación secundaria específica. La Corte Constitucional puede interpretarlos de forma sistemática para emitir reglas jurisprudenciales que garanticen el respeto a estos derechos.
8. 8. Conclusión:
La derogación del artículo 89 (LOSEP, 2010) ha generado incertidumbre jurídica en el ámbito laboral público. Sin embargo, las acciones de inconstitucionalidad y el rol interpretativo de la (CC) podrían restablecer garantías mínimas de estabilidad laboral. Es fundamental que se reconozca que los derechos laborales no pueden ser vulnerados por la ausencia de una norma jurídica, y que la (CRE, 2008) sigue siendo el principal instrumento de protección para los servidores públicos.
Para hacer uso de este contenido cite la fuente y haga un enlace a la nota original en Tribuna Académica de Derecho y Política:
https://tribunaderechopolitica.blogspot.com/2025/09/estabilidad-laboral-en-el-sector.html
Referencias bibliográficas:
Asamblea Nacional del Ecuador. (2010). Ley Orgánica de Servicio Público (LOSEP). Registro Oficial Suplemento No. 294, Quito, Ecuador.
Comisión Interamericana de Derechos Humanos. (s.f.). Informes sobre derechos laborales y estabilidad en el empleo público.
Corte Constitucional de Colombia. (2009). Sentencia C-588/09.
Organización Internacional del Trabajo. (1978). Convenio 151 sobre la protección del derecho de los trabajadores del sector público.
Tribuna Académica de Derecho y Política. (2025, agosto 31). Despidos en el sector público de Ecuador en 2025: análisis jurídico-político [Entrada de blog]. https://tribunaderechopolitica.blogspot.com/2025/08/despidos-en-el-sector-publico-de.html
Tribunal Constitucional de España. (1987). Sentencia STC 99/1987.
Tribunal Constitucional del Perú. (2010). Expediente N.° 03052-2010-PA/TC.
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[1] Una razón objetiva, prevista en la ley, que justifique la desvinculación del servidor público.
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